LA SEMANA DE UN DIPUTADO DE UPyD EN EL CONGRESO:

La semana pasada ha sido la más intensa (hasta ahora) del período de sesiones. Lunes, martes y miércoles se discutieron los Presupuestos Generales del Estado en el Pleno. Han sido sesiones larguísimas, alguna desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Con numerosas intervenciones (a cada título, a cada sección) y más de 3000 enmiendas de los otros Grupos que estudiar y votar, además de diseñar las 350 nuestras. El resultado creo que ha sido más que digno. Agradezco muy especialmente a Lucas Calvo el enorme trabajo que ha realizado en el planteamiento de nuestras enmiendas y el estudio de las de los otros Grupos.
El PP sólo ha aprobado 3 enmiendas en Comisión y ninguna en el Pleno. Se puede pensar que, en consecuencia, el esfuerzo realizado ha sido inútil. No es así. Un Grupo parlamentario tiene que realizar las tareas que le corresponden. No podemos ir a los plenos y comisiones a no decir nada porque no se va a aprobar o no va a salir en la prensa. Por otro lado, estas tareas nos ayudan a ir profundizando en los temas, a ganar experiencia, a sacar ideas para iniciativas posteriores…
Ha habido algunas propuestas de UPyD a los presupuestos que sí han tenido más repercusión pública, por su carácter simbólico. Me refiero a la petición de que el presupuesto de la Casa Real se redujese no un 2% sino un 15% (como los ministerios). O que se suprimiese el servicio de traducción del Senado (6000 euros por sesión, 350 000 al año) algo que el PP propuso en la oposición y ahora ha impedido. O que se supriman las asignaciones públicas de los ex-presidentes del Gobierno que cobran sueldos privados millonarios. O que se integre a todos los parlamentarios (del Congreso, Senado y parlamentos autonómicos) en el régimen general de la Seguridad Social, como a cualquier ciudadano.
También se aprobó, en Comisión, la reforma laboral. De nuevo con mucho trabajo detrás, planteando nuestras propuestas y posicionándonos frente a las de los demás Grupos. En este caso, la mención destacada debe de ser para nuestro compañero el diputado en la Asamblea de Madrid, Ramón Marcos Allo, que ha coordinado (y realizado personalmente en buena parte) esas tareas.
UPyD ha desarrollado en detalle la propuesta de que todos los contratos sean indefinidos (adaptándola a la realidad laboral española). Ha exigido mayores garantías cuando el empresario toma decisiones tan graves como reducir salarios, despedir trabajadores, cambiarles de puesto: que haya pérdidas actuales en la empresa (en vez de previstas), que caigan los ingresos un mínimo del 15%, que se vean afectados también los bonus de los directivos. Hemos propuesto mejorar la protección de los parados, que van quedándose sin cobertura por cientos de miles.
Nada de lo anterior se ha aceptado. Por eso hemos votado NO a la reforma laboral. Pero, aún así, hemos logrado mejorar algunos aspectos importantes. Presentamos conjuntamente con el PP tres propuestas para mejorar la situación de las víctimas del terrorismo (haciendo que gocen de las ventajas previstas para otros colectivos, como las víctimas de la violencia de género). El PP ha aprobado una importante propuesta de UPyD para que se limiten las indemnizaciones por despido de los directivos en los entes públicos autonómicos y locales, como ya se había hecho en los estatales. También se ha aprobado una enmienda transaccional con dos aportaciones muy importantes de UPyD: en el tema de las prejubilaciones, las empresas de más de 100 empleados (no de 500 como estaba previsto) tendrán que compensar a las arcas públicas por el coste en desempleo y Seguridad Social que supone prejubilar a trabajadores a partir de los 50 años, en empresas con beneficios. Además, se prohíbe que los convenios impidan a los trabajadores prolongar voluntariamente su vida laboral más allá de la edad legal de jubilación. Se incorporan así propuestas en la línea de UPyD, para acercar la edad real de jubilación a la legal y para prolongar voluntaria e incentivadamente la vida laboral.
Por último, también se ha aprobado una propuesta de UPyD para mejorar las 20 horas de formación a que van a tener derecho anualmente los trabajadores, de forma que no se incluyan en ellas las horas de formación obligatoria (en temas de seguridad…).
A todo esto se unió la comparecencia del Ministro de Economía en Comisión. No dijo nada nuevo. Siguió afirmando que todo este escándalo en las Cajas no va a costar nada a los contribuyentes. Eludió el tema de las responsabilidades. Verdaderamente lamentable

SOBRE LA ENÉSIMA REFORMA FINANCIERA

Al final el tiempo da y quita razones. Hace pocos meses, debatimos en el Congreso la penúltima reforma del sistema financiero español. UPyD señaló una serie de deficiencias. Dijimos que las cifras de provisiones eran insuficientes, pues se basaban en datos de hacía medio año. Entre tanto, la recesión había hecho que nuevos créditos (no sólo inmobiliarios, sino también al consumo o Pymes) se deteriorasen. Una vez más se tomaban medidas por detrás de los acontecimientos, insuficientes. Dijimos también que estas medidas harían que el crédito disminuyese más, agravando la recesión y generando un círculo vicioso. Señalamos que no era cierto que el rescate financiero no fuese a costar dinero público. Indicamos que la politización estaba en la raíz de los problemas, y que no se combatía en la reforma. Solicitamos que se depurasen responsabilidades. Está todo en el Diario de Sesiones, como también estaba en nuestro programa electoral, o en las numerosas iniciativas defendidas en el Congreso durante la pasada Legislatura.

La respuesta de los partidos del turno, del PPSOE, siempre fue la misma. Descalificarnos, burlarse y negar la realidad de los problemas. Es lógico, hasta cierto punto, dado que ellos los han generado. También ellos han ido aprobando juntos las sucesivas reformas financieras, por lo que son corresponsables de su fracaso. Da igual, ahora querrán seguir dando lecciones, como si siempre hubiesen estado en lo cierto y como si siempre hubieran dicho lo mismo.

Las nuevas medidas ahora aprobadas van en la línea de las anteriores. Básicamente consisten en que, como ya nadie se cree que los créditos dañados (y las provisiones necesarias para hacer frente a esas pérdidas) sean los hasta ahora reconocidos, se reconocen más, a ver si esta vez basta. Se dice que los recursos necesarios saldrán de los propios bancos y cajas. Es difícil creer que esto pueda ser así en muchos de ellos: están tan mal que no podrán hacer frente a esas necesidades con sus propios recursos. E incluso en el caso de las entidades que sí pueden, estas medidas tienen el efecto indeseado de contraer más el crédito a corto plazo (y con ello el consumo, la inversión y la producción).

En los bancos y cajas sin bastantes recursos, el Estado intervendrá para poner él los fondos. Esto se camufla diciendo que son fondos prestados, que los devolverán con un 10% de interés, que se trata de un gran negocio para los contribuyentes… Es decir, las mismas absurdas mentiras que decía el anterior gobierno, el de Zapatero. PP y PSOE cambian de papel en la obra y pasan a recitar los guiones del otro. Si tan gran negocio es ¿por qué no obtienen esos préstamos libremente en el mercado? ¿Por qué nadie quiere dárselos? La verdad es que buena parte de esos fondos se perderán, provocando una factura de decenas de miles de millones de euros (no es posible todavía saber cuántos) para la Hacienda Pública y, por tanto para los ciudadanos en tanto que contribuyentes.

Existe  el problema añadido de que las cantidades necesarias son tales (estimaciones solventes  las sitúan entre los 60.000 y los 100.000 millones de euros por encima de lo contemplado en la primera reforma del PP) que es difícil que el Estado, con sus propios problemas de déficit público y financiación, pueda ya aportarlos aunque quiera. Si es así, como cabe pensar, el gobierno debería afrontar la realidad y solicitar ayuda europea para recapitalizar la banca española. En caso contrario, los problemas no harán más que agrandarse y al final puede ser necesario un rescate más costoso y generalizado. Además, la ficción será más difícil de mantener con un entorno externo desfavorable por el riesgo de contagio de los problemas griegos.

No olvidemos que España lleva tiempo intervenida, aunque sea de forma discreta: si no fuese por las inyecciones masivas de liquidez del BCE, hace muchos meses que la deuda pública española y el sistema bancario se habrían hundido.

De momento, los socios europeos han impuesto que dos evaluadores externos estudien el tamaño del agujero bancario español. Esto es muy grave, aunque se haya comentado poco. Significa que ya no se fían del Banco de España, ni del gobierno español, ni de ninguna institución doméstica. Duele, aunque nuestros dirigentes se lo hayan ganado a pulso.

Entre tanto, la exigencia de responsabilidades continua ausente. Ni está, ni se la espera. El ministro De Guindos dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que no habían detectado ninguna. Debería mirar mejor. Es difícil que no haya responsabilidades cuando se han emitido acciones de Bankia con unos folletos de emisión que no señalaban los problemas latentes, de forma que más de 400.000 pequeños inversores pierden a día de hoy la mitad de su inversión. Es difícil que no haya responsabilidades cuando se han colocado en las sucursales, a jubilados desinformados, participaciones preferentes que pueden perder todo su valor. ¿Qué tiene que decir a todo esto la CNMV? Es difícil que no haya responsabilidades cuando se aprobó hace pocas semanas el plan de viabilidad de Bankia por el Banco de España.

Por último pero no menos importante: la politización de las cajas explica su peor comportamiento que los bancos. El Consejo de Administración de Bankia habla por sí solo. En cualquier periódico los consejeros vienen clasificados por su filiación política ( a éste lo puso el PP, éste es del PSOE, este de IU…). Se han repartido los consejos por cuotas, como el resto de las instituciones. Con la peculiaridad de que en las Cajas se habría necesitado tener un mínimo de conocimientos financieros. Con las reformas del PSOE, gracias a los SIP y a las fusiones frías, incluso aumentó el número de puestos a repartir: a los de las empresas matrices originales se añadieron los de las nuevas entidades (de ahí que existan consejeros de BFA y de Bankia). ¿Los sueldos de cientos de miles o millones de euros no llevan aparejada ninguna responsabilidad? No olvidemos mencionar el papel de las Comunidades Autónomas, que han controlado estas instituciones, las han utilizado como bancos regionales para promover proyectos no rentables, y han retardado las soluciones para no perder cuotas de poder.

En fin, desde UPyD no hemos podido impedirlo, pero no ha sido por no haberlo intentado o por no haber avisado. Allá cada cual con su conciencia (en caso de tenerla).

PRIMERAS REFLEXIONES SOBRE LOS PRESUPUESTOS

Como su nombre indica, estos Presupuestos son los del Estado. A éste se le somete a un recorte implacable. Las nuevas decisiones se añaden a los recortes de años anteriores, a las medidas urgentes del primer Real Decreto del gobierno del PP (centradas en el Estado) a la decisión de que los 5000 millones de ajuste adicionales pedidos por la UE los reduzca íntegramente el Estado…

Por el contrario, el ajuste del gasto autonómico se retrasa y evita. A las Comunidades se les ha rescatado en el pago de sus obligaciones con los proveedores, se les ha pospuesto la devolución de los anticipos de ingresos indebidos por 10 años, se comienza a plantear el asunto de los hispabonos… Todo eso mientras sus dirigentes protestan, exigen nuevas reformas de la financiación autonómica, piden pactos fiscales, dicen que todo su gasto es intocable por ser en sanidad y educación… Es decir, sin que haya un compromiso claro de reducción del gasto por su parte.

Sin embargo, una estrategia así está condenada al fracaso, pues el Estado en España es ya residual, y el grueso del gasto lo realizan las Comunidades Autónomas. Por dar unas cifras muy significativas del tamaño relativo de unas y otras administraciones: con datos oficiales del Registro Central de Personal de julio de 2011, en la Administración General del Estado trabajaban 237.394 personas frente a 1.347.835 en las Comunidades Autónomas. Respecto al gasto de éstas, sólo un 55.6% es en sanidad y educación (con datos de la clasificación funcional en los presupuestos liquidados del 2009, los últimos disponibles). Incluso en los apartados de sanidad y educación hay margen para mejorar la eficiencia, reduciendo el gasto sin empeorar los servicios prestados.

Al actuar así, cargando el ajuste sobre un Estado ya residual, se reducen en estos Presupuestos fuertemente partidas muy delicadas, que afectan al crecimiento de la economía, como el gasto en Fomento, la I+D o la formación a los parados (que se recorta en 1500 millones, contradiciendo así uno de los supuestos objetivos de la última reforma laboral).

Por el lado de los ingresos, las reformas introducidas en el Impuesto de Sociedades son en general acertadas, y van en la línea de las propuestas de UPyD para simplificar las deducciones en ese impuesto, cuya recaudación se ha hundido. Sin embargo, los Presupuestos se basan en unas previsiones de ingresos impositivos totales que pueden acabar resultando demasiado optimistas, por culpa de la recesión.

Resulta impresentable la amnistía fiscal que incluyen los Presupuestos. Como bien dice la nota hecha pública por la Asociación de Inspectores de Hacienda:

Inspectores de Hacienda del Estado se muestra absolutamente en contra de una amnistía fiscal, en la cual se libere al contribuyente del régimen sancionador establecido por la LGT a cambio de una pequeña sanción del 10% proporcional e independiente del volumen defraudado, dado que tal medida sería muy injusta e iría frontalmente en contra del art. 31 de la Constitución que establece que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

La amnistía fiscal propuesta es una medida que el PP consideraba “impresentable”, “injusta” y “antisocial” en palabras de dirigentes del Partido Popular. Los Inspectores de Hacienda también ven paradójico que “a los que pagan impuestos se les suban” y “a los que no, se les perdonen“. Esta medida dificultará enormemente la lucha contra el fraude fiscal, e incluso el trabajo ordinario de todos en la Agencia Tributaria y en el resto de la Administración Tributaria. Por estas razones, esta medida contraria a la Constitución, puede provocar un derrumbe de la conciencia fiscal de los contribuyentes honestos y, en consecuencia, de la recaudación en periodo voluntario, provocando efectos muy perjudiciales para nuestra economía.

A estas reflexiones de los Inspectores habría que añadir que estamos construyendo un país lleno de incentivos perversos. No se exigen responsabilidades al que hunde una Caja, ni al que quiebra un Ayuntamiento o una Comunidad. No le pasa nada al que tima a ancianos colocándoles participaciones preferentes mediante engaños. Sólo se le cae el pelo al que deja de pagar una cuota de su hipoteca porque le resulta imposible. Como UPyD no dejará de recordar, así no se soluciona la crisis moral y política que está en el origen de la crisis económica, sino todo lo contrario.

POSTURA DE UPyD ANTE EL RDL 4/2012, DE PAGO A PROVEEDORES DE ENTIDADES LOCALES.

No puede soslayarse la gravedad de lo sucedido, cosa que hace ahora el PP como antes el PSOE. Nadie habría creído posible hace pocos años que en nuestro país se acumulasen 40.000 millones de euros de facturas impagadas de las distintas administraciones públicas a sus proveedores, que se tardasen más de dos años en cobrar, que miles de empresas quebrasen por ello, que se guardasen facturas sin contabilizar en los cajones, que se acometan gastos sin respaldo presupuestario…

Parecen cosas propias de un país de otras latitudes, pero han sucedido en el nuestro. Y no pasa nada. Ni se exigen responsabilidades ni hay la más mínima autocrítica. Como en el caso de las cajas, parece que unos marcianos hubiesen ocupado las entidades y el gobierno ahora fuese a poner orden. Pero los marcianos tienen filiaciones políticas, en muchos casos similares a las del gobierno, con lo que el PP hace de bombero y de pirómano.

En cuanto a las medidas adoptadas, incluyen numerosos aspectos positivos a corto plazo. Van a permitir desbloquear una grave situación de impago generalizado. Darán liquidez a unas empresas ahogadas por la falta de crédito. Se trata del único estímulo a la economía en medio de una política hasta ahora restrictiva. Se incentiva el que las facturas salgan del cajón y pueda conocerse la verdadera situación. Se usa como garantía la participación de los ayuntamientos en los tributos estatales, pudiendo retenerse las transferencias, algo que UPyD ha propuesto como medio de penalizar a las comunidades autónomas incumplidoras de los objetivos de déficit desde hace tiempo.

Los aspectos negativos del procedimiento diseñado tienen que ver con la quita a la que se fuerza a los proveedores si quieren cobrar antes. Tienen que renunciar a parte del principal del préstamo (además de los intereses, costas judiciales y cualquier otra cantidad distinta del principal). Además, el Estado está asumiendo esta deuda de los ayuntamientos, pues la avala. Se trata de un nuevo rescate con el dinero de todos, como el de las cajas. Lo pagaremos de nuestros bolsillos, a menos que los ayuntamientos sean capaces de hacer frente a sus compromisos en el margen de tiempo más amplio de que ahora disponen.

Eso dependerá de su comportamiento futuro. Y aquí residen las principales carencias de este RDL. Este rescate debería ser la pieza final de un plan mucho más amplio de reformas. Debería darse condicionado a la aceptación de esas reformas. En el RDL sólo se dice que los ayuntamientos deberán presentar planes de ajuste en los que, con sus ingresos corrientes, cubran los gastos corrientes más la amortización de la deuda. Sano principio, pero ¿cómo lo harán? Parece que da igual. Sólo se les dice: repaguen sus deudas en el futuro.

Será si pueden. Y no sólo importa el número de millones a recortar, sino cómo y en qué. Una vez más falta un modelo final que guíe los recortes. UPyD sí que lo tiene.

Habría que disminuir el gasto municipal reduciendo estructuras administrativas, reduciendo el número de empresas municipales, delimitando con claridad las competencias municipales (abordando el asunto de las “competencias impropias”), evitando duplicidades… Medidas como la fusión de ayuntamientos pequeños (hay 8000, de los que el 85% tienen menos de 5000 habitantes), la supresión de las diputaciones provinciales, la limitación de los sueldos municipales… serían esenciales. También se precisa reformar la financiación local (una gran asignatura pendiente) y mejorar los mecanismos de control interno.

Votaremos sí al Real Decreto Ley pensando en las pequeñas empresas y autónomos, y promoveremos mediante iniciativas en el Congreso las reformas adicionales que consideramos necesarias.

 

 

UNA ALARMANTE DESVIACIÓN DEL DÉFICIT

Ayer se informó de que el déficit del conjunto de las administraciones públicas españolas ha sido del 8.51% del PIB en 2011. Esto supera ampliamente el 6% acordado con Bruselas, que el anterior gobierno aseguraba que iba a alcanzar con holgura. De esa desviación, dos terceras partes corresponden a las comunidades autónomas.

Tanto las gobernadas hasta hace poco por el PSOE (Castilla-La Mancha y Extremadura) como las gobernadas tradicionalmente por el PP (como Murcia o Valencia). Unos y otros son corresponsables de este desastre.

Han antepuesto sus intereses electorales a los del país, que pierde credibilidad internacional y se ve abocado a un ajuste muy severo en mitad de una recesión.

Junto al oportunismo político de los grandes partidos, existe un problema estructural de fondo: las deficiencias (que han de corregirse) en el diseño autonómico. No existen controles, ni internos ni externos, ni ex ante ni ex post.

Sólo UPyD ha avisado de lo que estaba sucediendo y tiene una postura coherente sobre lo que hay que hacer: introducir controles sobre el nivel de gasto de cada autonomía y los grandes rasgos de su composición (para asegurar que los recortes prioricen el gasto superfluo frente a los servicios sociales básicos). En esto seguimos estando solos, pero del lado de lo razonable y de los intereses de los ciudadanos.

EL MECANISMO DE FINANCIACIÓN A LAS ENTIDADES LOCALES PARA EL PAGO A PROVEEDORES:

Este es un problema que era necesario abordar con urgencia. Algunos cálculos elevan a 40.000 millones de euros el montante de las deudas del conjunto de las administraciones (locales, autonómicas y central) con sus proveedores. Muchas empresas se han visto obligadas a cerrar por culpa de la morosidad pública, algo que debería haber sido intolerable.

El mecanismo propuesto por el gobierno tiene importantes rasgos positivos.  Debería ayudar a que las facturas saliesen de los cajones, pues los ayuntamientos querrán acceder a los créditos públicos que se ponen a su disposición y las empresas podrán solicitar que se incorporen sus facturas si no aparecen. Plantea una solución a corto plazo al bloqueo existente, en el que las administraciones estaban dejando de pagar.

Sin embargo, no está exento de inconvenientes. Por mucho que los ayuntamientos diseñen planes de ajuste en los que se comprometen a gastar dentro de sus posibilidades, y a pagar las deudas (incluyendo los nuevos créditos del Estado), no está claro cómo van a poder lograrlo. Para ello, esta medida de urgencia debería ser sólo una pieza de un programa de reformas más amplio, que incluyese la reforma de la financiación local y medidas de ahorro como la fusión de ayuntamientos, que defiende UPyD. Hace falta un modelo, un diseño final, del que las medidas a corto para salir del apuro sólo sean una parte.

Por otro lado, al eximir estos créditos del Estado a los ayuntamientos de la disposición adicional única de la Ley de Estabilidad todavía vigente, que establece la no asunción por el Estado de las obligaciones contraídas por otras administraciones, se crea un peligroso precedente que incentivará los comportamientos indeseables en el futuro. Es algo que va en contra de las prácticas habituales en los Estados federales. Deberá ir unido a mayores controles. También sería necesaria una reflexión sobre qué ha fallado para permitir que todo esto haya sucedido.

LA REFORMA DE LOS ORGANISMOS SUPERVISORES

En el Consejo de Ministros del viernes 24 de febrero, el gobierno ha anunciado una reforma de los organismos reguladores económicos. La idea esencial consiste en agrupar los ocho hoy existentes (la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión Nacional del Juego, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, el Comité de Regulación Ferroviaria y la Comisión Nacional de la Competencia) en una única Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Es necesario reformar esos órganos supervisores, dada su politización actual y las importantes funciones que tienen encomendadas. Los argumentos del gobierno, sin embargo, resultan sospechosos. El ahorro de costes (4 millones de euros) es mínimo, frente a lo que se puede lograr con organismos mucho menos importantes, que pululan en torno a las administraciones autonómicas y locales.

Por eso nos tememos que la verdadera razón de esta reforma consiste en desalojar de los organismos a los nombrados por el anterior gobierno para sustituirlos por los nombrados por el gobierno actual. Ahora el Congreso de los Diputados tendrá un mayor papel en los nombramientos, pero (dada la mayoría absoluta del PP), eso no será un gran impedimento.

En el siguiente artículo periodístico pueden encontrarse información adicional de interés:

http://www.elconfidencial.com/economia/2012/02/25/el-gobierno-se-garantiza-el-control-del-nuevo-y-unico-organismo-regulador-del-mercado-93258/