Las propuestas fiscales de UPyD

INTERVENCIÓN EN LOS XIII ENCUENTROS TRIBUTARIOS DE LA ASOCIACIÓN DE INSPECTORES DE HACIENDA:
A) No es posible disociar los ingresos públicos de los GASTOS QUE QUEREMOS FINANCIAR con ellos. Recaudar, sí, pero ¿para qué? ¿Con qué fines? Responder a esta pregunta es un primer prerrequisito para el diseño del sistema fiscal.
En España tenemos unos tipos marginales de los impuestos altos, a niveles nórdicos. Pero con ellos no se financia el generoso sistema de Bienestar escandinavo, sino unas estructuras administrativas hipertrofiadas al calor de los ingresos extraordinarios de la burbuja inmobiliaria. Esa burbuja administrativa sigue esencialmente intacta.
Por eso, UPyD propone:
- Disminuir drásticamente los 4.000 entes públicos no administrativos (consorcios, fundaciones, observatorios…) creados por CCAA y Ayuntamientos.
- Prescindir de los entes administrativos innecesarios que han convertido a las CCAA en mini-Estados (embajadas, tribunales de defensa de la competencia, consejos económicos y sociales…).
- Fusionar ayuntamientos. Hay 8.000, la mayoría con menos de 1.000 habitantes.
- Eliminar las Diputaciones provinciales.
Estos recortes del gasto serían permanente, estructurales, y legitimarían los esfuerzos fiscales, pues el dinero recaudado no se estaría empleando en gastos
superfluos.

B) Un segundo prerrequisito para diseñar un nuevo sistema fiscal en España es CORREGIR LA DISTORSIÓN QUE CREA EL ENORME FRAUDE FISCAL. El fraude fiscal en España ha alcanzado en los últimos años, según la generalidad de las estimaciones realizadas, un volumen que se sitúa en torno al 8% del PIB (lo que equivale a unos 80.000 millones de euros que se dejan de recaudar cada año). La economía sumergida equivale al 22% del PIB.

Por eso, UPyD propone:

1.-Medidas de concienciación social tales como campañas de difusión sobre el coste social que el fraude implica, así como sobre los resultados obtenidos en la lucha contra él; programas de educación cívico-fiscal, tanto a adultos como en la etapa escolar.
2.- Ampliación de plazos de prescripción, elevándolo a 5 años, con el fin de facilitar la lucha contra el fraude e igualarlo con el plazo vigente a efectos penales. No obstante, se propone elevar este plazo hasta 10 años en algunos supuestos, como cuando el obligado tributario detente un cargo público.
3. Agravamiento del delito fiscal. Se establecerá una pena de inhabilitación especial para actuar como administrador, apoderado, directivo o representante de entidades mercantiles durante un plazo determinado a los que fueren condenados por delito fiscal, en los casos que concurran actuaciones especialmente graves -como la colaboración en el alzamiento de bienes para evitar el pago de deudas tributarias- en función de su respectiva gravedad.
4. Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Aprobar un nuevo Estatuto Orgánico de la AEAT, en el que se definan con claridad sus funciones y estructura. Dicho Estatuto deberá diseñar un marco jurídico que garantice la máxima independencia y, con ese fin, establecerá el nombramiento del Director de la AEAT por mayoría cualificada del Congreso y por un período de cinco años no renovables. Dentro de la AEAT se creará una Unidad especial encargada del control tributario de los partidos políticos. El Estatuto de la AEAT determinará los puestos de trabajo que podrán cubrirse mediante libre designación, reduciendo su número al mínimo imprescindible.
5.-Medios materiales y humanos de la AEAT.
El Gobierno procederá a garantizar que no se reduzcan todavía más los ya escasos recursos humanos de la AEAT, aplicando una tasa de reposición en las bajas del 100 por ciento. También diseñará un plan plurianual de refuerzo de los medios materiales y humanos de la AEAT que permita alcanzar en el año 2020 unos ratios relativos similares a los del resto de países de la unión europea.
6.- Coordinación entre Administraciones Tributarias.
Reforzar, con el liderazgo de la AEAT, la coordinación entre las Administraciones Tributarias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales en el ejercicio de sus respectivas competencias, de modo que se garantice su efectiva y eficiente actuación en la lucha contra el fraude fiscal. Evitar la territorialización y fragmentación de la AEAT, que sólo serviría para facilitar el fraude.
7.- Se reforzará la actuación inspectora in situ, en los ámbitos propicios a la economía sumergida.
8.- Se incrementarán las obligaciones de colaboración de las entidades financieras tendentes a eliminar la opacidad de determinadas operaciones y el manejo abusivo de dinero en efectivo de alta denominación.
9.- Plazo para el desarrollo de las actuaciones inspectoras.
Ligar el incumplimiento del plazo de duración de las actuaciones inspectoras con la consecuencia de la prescripción sobrevenida de la obligación tributaria ha tenido efectos perversos. Los contribuyentes incumplidores sometidos a inspección tienen un fortísimo incentivo para no aportar documentación o hacerlo de forma incompleta, dilatando el procedimiento para impedir la completa comprobación de la situación tributaria o, en su defecto, conseguir la prescripción de la liquidación de sus obligaciones tributarias incumplidas En derecho comparado no existe el límite de duración de las actuaciones inspectoras. Los eventuales perjuicios de una inspección más prolongada son compensados no exigiendo intereses de demora por el ingreso tardío de las cuotas defraudadas, cuando las actuaciones se dilatan por cualquier razón.

LA AMNISTIA FISCAL: no sólo se trata de una medida que favorece a los defraudadores y mina la conciencia fiscal, sino que se ha aplicado al mismo tiempo que se subían fuertemente los impuestos a los contribuyentes honestos.
Por eso, UPyD propone:
1. Garantizar que los contribuyentes que se han acogido a la amnistía fiscal tributen como mínimo un 10% del total aflorado, en vez del 3%. Esta tributación es la que se propuso y se aprobó en el Congreso de los Diputados (con los votos de PP y CiU). Para ello, el Gobierno derogará inmediatamente las órdenes del Director del Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria que hacen vinculantes los criterios establecidos en los informes de la Dirección General de Tributos de 27 de junio y de 11 de octubre de 2012.
2. Modificar el Plan de Control Tributario 2013 para incluir como punto prioritario la comprobación de aquellos contribuyentes que se han acogido a la amnistía fiscal.

C) A la vez que se actúa para logra el cumplimiento de esos dos prerrequisitos, es necesario realizar en España una PROFUNDA REFORMA FISCAL. Las líneas maestras del sistema tributario español se establecieron a lo largo del proceso de la transición a la democracia y no han vuelto a modificarse. Las grandes líneas de la propuesta de UPyD son:

- Levantamiento de las medidas de emergencia fiscal adoptadas en 2012 (especialmente en la triplicación del IVA para algunos productos y en el recargo en el IRPF), sustituyendo la recaudación perdida por un recorte en el gasto público improductivo y suntuario.

- La reforma tributaria deberá lograr una redistribución de la carga fiscal desde las rentas del trabajo hacia las rentas del capital y la riqueza. Adicionalmente debe promoverse una simplificación del actual sistema tributario que facilite su conocimiento y cumplimiento por los contribuyentes.

- Es preciso superar la discriminación existente en el sistema tributario actual en contra de las rentas del trabajo sujetas a la tarifa progresiva del IRPF a diferencia de las rentas del capital sometidas a un tipo proporcional. En consecuencia debe acometerse una convergencia en los tipos de gravamen de las distintas fuentes de renta.

- Combinación IRPF e Impuesto del Patrimonio según el modelo holandés:
Reformar del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas estableciendo una base imponible mínima para los rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario. Dicha base se concretará en un porcentaje del valor del patrimonio del contribuyente (que se fijará en una magnitud que no provoque un aumento de la carga fiscal para la mayoría de los contribuyentes) y se complementará con un tipo reducido para los bienes empresariales. Esto supondrá la derogación del actual y obsoleto Impuesto sobre el Patrimonio”.
- Establecer un recargo del 3 por ciento (con carácter extraordinario y una vigencia temporal de 10 años prorrogables) sobre el tipo de gravamen del Impuesto de Sociedades aplicable a las entidades de crédito, con el fin de que contribuyan a la recuperación de las ayudas públicas recibidas. Ello ofrece las siguientes ventajas: no se precisa acudir a una figura tributaria de nueva creación, se configura como impuesto estatal con aplicación uniforme en todo el territorio nacional, sólo actúa en el caso de obtención de beneficios, la traslación al cliente de la entidad financiera resulta más difícil que en el caso de un impuesto a los depósitos.

- Modificar el régimen fiscal de las SICAV para hacerlo coincidir con el vigente en los países de nuestro entorno, de modo que tributen en un régimen de transparencia fiscal (que obligue a imputar a sus socios los beneficios obtenidos con carácter anual). Atribuir a la AEAT la competencia de valorar el cumplimiento de los requisitos para la calificación de una sociedad como SICAV. Este cambio en la supervisión irá unido a las modificaciones legales precisas para establecer un porcentaje máximo de participación de un socio individual en la SICAV del 5% del capital social.

- Beneficios (“gastos”) fiscales. Ha de procederse a una revisión general de los beneficios fiscales, referida a todos los tributos del sistema, suprimiendo los que se estimen injustificados por no haber ayudado a lograr los objetivos que dicen promover.

- Debe acometerse una reforma en profundidad del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para asegurar el gravamen progresivo y equitativo de la riqueza en términos no confiscatorios, lo que debe hacerse mediante una sustancial reducción de las actuales bonificaciones y exenciones, acompañada de una cierta deflactación de la tabla de tipos impositivos. Asimismo, deben reducirse las diferencias entre CCAA mediante disposiciones de armonización.

- Ir limitando la estimación objetiva singular reduciendo los parámetros límite del régimen.

- “Fiscalidad verde”. La reforma fiscal debe servir de ocasión para un planteamiento global de la fiscalidad ambiental, llamada a cumplir un importante papel, en el que concurren exigencias puramente financieras con otras de protección del medio ambiente.

REFORMA DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA:
La existencia de dos sistemas de financiación, que otorgan niveles de recursos per cápita tan desiguales entre Comunidades, es contraria al espíritu constitucional y al principio de igualdad, pues supone un evidente privilegio económico. Por ello, la Constitución ha de ser reformada para unificar ambos sistemas en un único modelo. Entre tanto, los sistemas forales han de ser reformados para evitar las distorsiones que generan y el privilegio que suponen, redefiniendo el procedimiento de cálculo del “cupo” y la “aportación” para igualar los resultados económicos con los que produce el sistema de régimen común.
En este sentido, además de corregir los defectos ya conocidos que minusvaloran el “cupo” y la “aportación” -como es el caso del ajuste a consumo del IVA o la infravaloración del coste de las competencias estatales-, debe incluirse en el cálculo de ambos una parte que contribuya a la solidaridad con el resto de ciudadanos de otras Comunidades, mediante lo que sería su aportación a los fondos comunes de nivelación interterritorial.
La reforma del sistema de financiación autonómica se ha de lograr mediante negociaciones multilaterales entre el gobierno central y los gobiernos de todas las Comunidades Autónomas. La distribución de recursos entre las Comunidades ha de buscar la plena nivelación, en consonancia con el principio constitucional de igualdad. El sistema ha de asegurar que todas las Comunidades disponen de los recursos necesarios para ofrecer servicios similares a sus ciudadanos. El sistema ha de simplificarse radicalmente y hacerse más transparente.

Otra falsa solución para los estafados con las preferentes

El Consejo de ministros aprueba hoy una medida sobre las preferentes, que se vuelve a vender a la opinión pública como una solución al problema de las decenas de miles de familias estafadas. Por desgracia, se trata tan solo de la enésima “falsa solución”.
Hay que aclarar en qué consiste esta medida. Lo único que hace es dar liquidez a los que reciban en los canjes acciones que no cotizan (como las de NovaGalicia y Caixabanc) a cambio de sus preferentes. De esta forma, el que las reciba las podrá transformar en dinero.
Lo que no se dice es que esas acciones las recibirán a cambio de sus preferentes, pero con quitas importantes (de entre el 40 y el 70%). Es decir, reciben en acciones mucho menos de lo que invirtieron en preferentes, y esta medida lo único que hace es facilitar que puedan transformar las acciones en dinero. No se trata, por tanto, de una verdadera solución de lo esencial del problema, pues no permite a los estafados recuperar su inversión inicial más que en una pequeña parte.

Sí a alargar la vida laboral, pero de otra manera

UPyD defíende el alargamiento voluntario e incentivado de la vida laboral. Para ello, la figura clave es la jubilación demorada, que incentiva el alargamiento voluntario de la vida laboral, más allá de la edad legal de jubilación, a cambio de un aumento posterior en la pensión. Hoy en día, ese incentivo es escaso y por ello pocas personas optan por esta vía. Se ha perdido una ocasión de oro para reformarla.
La posibilidad de compatibilizar salario y pensión es otra forma de alargamiento voluntario, que UPyD apoya, pero es una alternativa que probablemente se acabe pudiendo utilizar sobre todo en determinado tipo de profesiones liberales relativamente privilegiadas.
Respecto al endurecimento de la jubilación anticipada, nos preocupa especialmente, como hemos manifestado reiteradamente en el Pacto de Toledo, la situación de los parados de más edad, jubilados anticipadamente pero de forma involuntaria. Ahora, la brecha de tiempo desde la pérdida del empleo al acceso a la pensión se ampliará. Somos partidarios de la puesta en marcha inmediata de una Estrategia de Empleo para trabajadores de más edad, siguiendo las recomendaciones de la Comisión europea (que en otros temas de carácter restrictivo se aplican tan ciegamente).
No sólo se obvia lo anterior, si no que incluso se emperora la situación de las personas mayores de 55 años, al condicionar el acceso al subsidio a la renta de conyuge e hijos. Si el parado mayor de 55 años, por ejemplo, tiene un hijo mileurista, no podrá acceder al subsidio. Como se hizo en el plan Prepara con los jóvenes, se hace ahora con los mayores: el Estado evade sus compromisos y los descarga sobre los familiares cercanos.
En cuanto a la jubilación anticipada voluntaria, se aplica una rigidez innecesaria. La edad de retiro debería poder elegirla el trabajador con más libertad, siempre que su adelanto no supusiese una merma para las cuentas de la Seguridad Social, es decir, si las menores cotizaciones se reflejan adecuadamente en una menor pensión.
Por último, la figura de la jubilación parcial ha resultado un fracaso (por su coste para el sistema de Seguridad Social y por no haber cumplido su cometido de relevo entre trabajadores mayores y jóvenes) y los insuficientes cambios introducidos no garantizan que estos problemas se solucionen.
En cuanto a la actitud del gobierno respecto al Pacto de Toledo: es cierto que en este asunto se ha proporcionado más información de lo que, por desgracia, es habitual. Se ha elaborado documentación y han comparecido (formal e informalmente) altos cargosdel ministerio. Sin embargo, no es lo mismo informar que negociar. Lo segundo implica receptividad a las propuestas ajenas, algo que ha brillado por su ausencia. Al final, se vuelve a optar por un Real Decreto (que habrá que estudiar con más detenimiento en el BOE, por si incluye detalles “escabrosos” que se hayan omitido en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, como sucede tan a menudo).

Los 5.600 millones de devoluciones retenidas reducen falsamente el déficit de 2012.

Según el Sistema Europeo de Cuentas, una devolución supone un menor importe recaudado cuando se acuerda. Esto supone que, si un contribuyente ha solicitado un importe a devolver y esta devolución todavía no se ha acordado, este importe no figura en contabilidad. Por ejemplo, si la devolución se acuerda en diciembre de 2012, su importe será un menor ingreso de 2012 y computará en el déficit de 2012. Por el contrario, si la devolución se acuerda en enero de 2013, el menor ingreso se computará en 2013, impactando en el déficit de ese año.
Habitualmente, entre el 97% y el 99% de los importes que solicitan los contribuyentes son considerados correctos por la Administración Tributaria. Dados estos porcentajes, los importes que solicitan los contribuyentes permiten conocer con un enorme grado de aproximación que devoluciones tendrán que efectuarse.
Según los datos recientemente hechos públicos por el Ministerio de Hacienda, las devoluciones efectuadas en el mes de diciembre de 2012 son un 62% inferiores a las de diciembre de 2011, sin que se correspondan con menores importes solicitados por los contribuyentes, por lo que se habrá traspasado déficit del ejercicio 2012 hacia 2013.
Según las estimaciones de UPyD, realizadas mediante el análisis de los datos oficiales, este traspaso de déficit desde 2012 a 2013 puede desglosarse de la siguiente manera en los principales impuestos.
En el caso del IRPF, a 31 de diciembre de 2012 hay 351,329 millones de euros más pendientes de devolución.
En el impuesto de sociedades, la Agencia Tributaria ha devuelto 282 millones de euros correspondientes al impuesto de sociedades liquidado en 2012. El año anterior devolvió 2.156,292 millones de euros. Eso supone una diferencia de casi 2.000 millones menos. Por otra parte, la propia Agencia ha calculado que el incremento de pagos fraccionados del anterior gobierno socialista ha costado 1.759 millones de euros, pero sólo ha ingresado de menos 703 millones, luego el resto se materializa en mayores solicitudes de devolución por otros mil millones de euros. En resumen, si los contribuyentes solicitan correctamente 1.000 millones más y la Agencia Tributaria devuelve 2.000 millones menos, quedan 3.000 millones pendientes para el año siguiente. Se han traslado casi 3.000 millones de euros de déficit de 2012 a 2013 sólo por este concepto de devoluciones anuales del impuesto de sociedades.
En el caso de las devoluciones del IVA, las puede solicitar cualquier empresario, pero un 70% del importe devuelto corresponde a exportadores. Las exportaciones están exentas de IVA. Esto quiere decir que, si aumentan las exportaciones españolas, aumentarán las solicitudes de devolución. Por otra parte, si suben los tipos del impuesto, los exportadores soportarán más IVA y pedirán también mayores devoluciones. Ambas cosas han pasado en el último año y, sin embargo, las devoluciones efectuadas por la AEAT en concepto de IVA mensual han caído en picado. En 2012, del importe solicitado se han devuelto 2.370 millones de euros menos que en 2011.
La suma total mínima de sólo estos tres impuestos asciende a 5.651,621 millones de euros, más del 0,5% PIB. Como la cifra no incluye todos los conceptos fiscales, y además en el caso del Impuesto de Sociedades y del IVA es un mínimo, la cifra real de mayores devoluciones aplazadas al año 2013 será superior.
En el artificiosos cierre contable de 2012, esta historia de las devoluciones es sólo una parte. Ha habido también prácticas de aplazamiento a 2013 por el lado de los gastos. Si a esto le añadimos que numerosas medidas han tenido carácter temporal (la amnistía fiscal, el no abono de la paga extra a los funcionarios…), muchos problemas se aplazan a 2013, por lo que será imposible cumplir el objetivo de déficit para este año sin nuevos recortes.

Triste consuelo que el paro empeore a menor velocidad

El Ministerio de Empleo acaba de publicar los datos de paro registrado correspondientes al mes de febrero de 2013. El número de desempleados aumentó el mes pasado en 59.444 personas. Con ello supera la cifra simbólica de 5 millones, que en la EPA (más fiable) son 6. Se trata del nivel más alto en toda la serie histórica.
Coincide esta publicación con la de los datos de Eurostat correspondientes a enero, en los que nuestro país presenta una tasa de paro del 26.2% (sólo superada por Grecia) y un desempleo juvenil del 55.5%.
En febrero, el paro ha continuado aumentando en todos los sectores: servicios, agricultura, industria y construcción.
El desempleo vuelve a cebarse en los jóvenes. Entre los menores de 25 años aumentó en 16.026
Respecto a las modalidades de contratación, en febrero menos del 10% (el 9.6%) de contratos fueron indefinidos, lo que confirma que la reforma laboral no ha resuelto la precariedad laboral, como UPyD predijo en contra de las declaraciones oficiales.
Tras siete meses consecutivos de descenso de la afiliación, el número de afiliados a la Seguridad Social se sitúa en 16,1 millones de ocupados, lo que supone 28.691 personas menos que en enero. En términos interanuales, la Seguridad Social ha reducido su número de cotizantes en 746.365 personas.
Con estos hechos, sorprende un mes más el forzado triunfalismo gubernamental. No deja de ser un triste consuelo que las cosas sigan empeorando, aunque sea a un menor ritmo. Sobre todo cuando se han alcanzado ya unos niveles de paro (5 millones el registrado, 6 el real que recoge la EPA) socialmente insoportables.

Los datos del déficit: un triunfalismo exagerado

La euforia gubernamental ha vuelto a desatarse con motivo de los datos recién anunciados de déficit público. Según el gobierno, éste ha sido del 6.7% en 2012, unas décimas por encima del objetivo del 6.3%.
Reducir el déficit público en medio de una recesión no deja de ser algo complicado. Pero no deberíamos olvidar que se logra al coste de agravar la propia recesión. Ésta no ha terminado todavía en España. Por el contrario, los datos del IV trimestre de 2012 indican un agravamiento. Todas las previsiones coinciden en su continuación durante 2013. Pocos motivos hay para la euforia en este sentido.
Por otro lado, la mayoría de expertos coinciden en que las cifras se han logrado un tanto artificialmente, mediante un retraso de las devoluciones fiscales de diciembre y un adelanto del cierre contable de un par de meses. Esto mejora el déficit de 2012 en apariencia, a costa de aplazar los problemas a 2013.
Recordemos que la Comisión europea (tal vez teniendo en cuenta este tipo de prácticas, así como la recesión) ha advertido de que el déficit del conjunto de las administraciones seguirá por encima del 7% hasta 2014, en ausencia de nuevos recortes.
En la cifra oficial para 2012 no se incluyen las ayudas a la banca (es decir, a las cajas politizadas y controladas por las Comunidades Autónomas). De hacerlo, el déficit sería un gigantesco 9.9% del PIB (unos 100.000 millones de euros). Es cierto que la Comisión permite no contabilizarlos. No es menos cierto que existen y han dado lugar a un incremento de la deuda pública.
En cuanto a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, han recortado el gasto esencial (en sanidad, educación y servicios sociales), en vez del superfluo (en entes públicos innecesarios, Diputaciones…). Ha primado el cuánto sobre el cómo. El caso valenciano, del que el PP es directamente responsable, resulta especialmente llamativo: ni así han logrado controlar el déficit, por la magnitud de los desmanes allí cometidos.

La debacle laboral no remite en enero

El dato más dramático es el que indica como, tras cinco años de crisis, se sigue destruyendo empleo a fuerte ritmo. Normalmente, esto sólo sucede en fases muy tempranas de una crisis. Esta vez, estamos instalados en una doble recesión que no remite. El empleo, medido por el número medio de afiliados a la Seguridad Social, cayó en enero en 263.243 personas. Esto equivale a casi 8.500 empleos perdidos cada día del mes.
Respecto al paro registrado, el número de inscritos en los servicios públicos de empleo aumentó en 132.055.
Es cierto que enero suele ser un mal mes para el empleo, pues termina la campaña navideña. Pero esto no puede enmascarar la falta de base del forzado optimismo del gobierno.
Por otro lado, la reforma laboral ni siquiera ha disminuido la precariedad. El 91% de los nuevos contratos son temporales. Otro dato de la realidad que desmiente las consignas gubernamentales.

Los datos de paro en diciembre de 2012

El paro registrado del mes de diciembre desciende en 59 000 personas. No obstante, ha de recordarse que los datos mensuales son fuertemente estacionales, muy volátiles. En este caso, reflejan las contrataciones que habitualmente realizan las empresas para hacer frente a la campaña navideña. En el conjunto del año 2012, un dato más representativo, el paro registrado aumentó en 426 000 personas.
El dato no va acompañado de síntomas de creación estable de empleo. El número de contratos registrados durante el mes de diciembre ha sido de 1.058.501, lo que supone una bajada de 106.964 (-9,18%) sobre el mismo mes del año 2011. Del total de contratos, los indefinidos representan sólo el 7,31% y de ellos casi la mitad son a tiempo parcial. La reforma laboral del PP no reduce la temporalidad, sino que fomenta la precariedad, como UPyD denunció.
La Seguridad Social sigue perdiendo cotizantes (88 000 en diciembre, 787 000 en el conjunto de 2012), con lo que alcanza un ratio aproximado de 2 cotizantes por pensionista. Esto anuncia importantes problemas de sostenibilidad futura. Ya en 2012 su déficit probablemente supere los 10 000 millones, como UPyD predijo en el debate de los Presupuestos Generales de 2012.
La EPA del IV trimestre aportará datos más fiables cuando se publique. No es descartable que se llegue ya a los 6 millones de parados. Por otro lado, el reto no consiste sólo es que el paro deje de aumentar, tras cinco años de crisis, sino en reabsorber la enorme bolsa de paro acumulado y volver a valores europeos (el 6.8% de paro en Alemania, por ejemplo).
En esta situación, UPyD pide que se disipe cuanto antes la duda sobre la prórroga de la ayuda de 400 euros a los parados sin otras prestaciones.

Datos de empleo: los brotes verdes se agostan

Una vez más, el contraste entre los datos de la realidad y las proclamas oficiales resulta desconcertante. Los datos conocidos hoy indican que, en sólo el mes de noviembre, la Seguridad Social ha perdido más de 200 000 afiliados y el paro ha aumentado en 74 000 personas. Es decir, un auténtico desastre en un país que tiene ya casi 6 millones de parados.
No obstante, las declaraciones oficiales siguen insistiendo en las bondades de su política, en particular de la reforma laboral. Impertérrito el ademán, dicen que frena la destrucción de empleo. Menos mal. Que se lo digan a los trabajadores de Iberia, Paradores…
La verdad es exactamente la contraria. Las medidas del gobierno han agravado los problemas. En este caso, la decisión de restringir la Ley de Dependencia y dejar de cotizar por los cuidadores familiares de discapacitados y ancianos. Esto ha provocado su salida masiva del sistema. Ahora, el gobierno lamenta lo que él mismo ha provocado con su política de recortes no selectivos.

En definitiva, los brotes verdes que (por desgracia) nunca existieron se agostan.

 

 

Sin brotes verdes en los datos de paro de Octubre

Tras cinco años de crisis, resulta inquietante que la destrucción de empleo no cese. Con los datos recién salidos de octubre, el empleo sigue cayendo hasta marcar el mínimo de los últimos nueve años. Los datos registran un descenso de 73.077 ocupados respecto a agosto. Entre octubre de 2011 y octubre de 2012 se han destruido 623.586 puestos de trabajo. En cuanto al desempleo, el último mes el número de personas apuntadas a los servicios públicos de empleo aumentó en 128.242. Entre los jóvenes menores de 25 años el desempleo aumenta en 20.604 personas.
Es cierto que los datos mensuales tienen un componente estacional, en este caso ligado al fin de la temporada turística de verano. Pero no se ven por ningún lado los brotes verdes que vislumbran la ministra de Empleo y el presidente del gobierno, emulando a su predecesor Zapatero.
En realidad, los malos datos no deberían sorprender a los miembros del gobierno, pues tienen que ver con las políticas erróneas que ellos aplican. Se recorta el gasto productivo (en I+D, infraestructuras…) y no el gasto superfluo (como los hoteles de lujo del Sr. Mas y su séquito). Se sube el IVA (un impuesto regresivo que lleva a que se consuma y demande menos) en vez de los impuestos a las rentas altas o el esfuerzo en la lucha contra el fraude. Se pone en marcha una reforma laboral que mantiene la precariedad y la dualidad en el mercado de trabajo, facilitando los despidos de trabajadores indefinidos en medio de la recesión. Señores ministros: los efectos tienen causas.